Cuando los niños, niñas o adolescentes protagonizan episodios de interés público —sea como víctimas o como agresores—, cuentan con una protección especial conferida por los tratados internacionales (Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios de la OIT sobre trabajo infantil), la Constitución y la normativa nacional (Código de la Niñez y la Adolescencia y diversas leyes y decretos).
